El libro analiza las tensiones entre las comisiones parlamentarias de investigación y la jurisdicción penal cuando ambas examinan los mismos hechos. El autor estudia cómo estas comisiones, creadas para garantizar la transparencia democrática, pueden interferir con los procesos judiciales en curso. La investigación parlamentaria cumple una función política de control, mientras que la justicia penal tiene una finalidad estrictamente jurídica. Esta coexistencia plantea problemas de competencia, confidencialidad y respeto a los derechos fundamentales. El autor advierte que la simultaneidad de actuaciones puede afectar el principio de presunción de inocencia y la independencia judicial. También señala que la publicidad mediática de las comisiones puede generar juicios paralelos y presiones políticas indebidas. El libro propone criterios claros para delimitar los ámbitos de actuación y evitar conflictos entre poderes del Estado.

En su desarrollo, la obra examina la normativa constitucional, la jurisprudencia y la práctica parlamentaria comparada. Defiende que las comisiones deben actuar con cautela y coordinación institucional cuando los hechos investigados son objeto de procesos penales. El objetivo no es restringir el control parlamentario, sino asegurar que no se vulnere la función jurisdiccional. El autor plantea mecanismos procedimentales que garanticen la colaboración entre Parlamento y tribunales sin menoscabar sus respectivas competencias. También propone reforzar la regulación legal de las comisiones para definir su valor probatorio y sus límites. En última instancia, el libro reivindica una concepción equilibrada del Estado de Derecho, donde la búsqueda de la verdad política no interfiera con la justicia penal. Su reflexión combina rigor técnico y sentido democrático, mostrando que la transparencia institucional solo puede lograrse mediante el respeto mutuo entre poderes.