La Ley 8/2021, de 2 de junio, supone un importante avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, al promover el respeto a su autonomía y voluntad, y al establecer medidas de apoyo flexibles y adaptadas a sus necesidades y preferencias.
La nueva regulación establece procedimientos claros y justos para la adopción de medidas de apoyo, que deben ser siempre orientadas a garantizar la protección y el bienestar de la persona con discapacidad.
Es importante destacar que la adopción de medidas de apoyo debe ser siempre una medida excepcional, y que se debe promover la capacidad de la persona con discapacidad para tomar sus propias decisiones y ejercer sus derechosy libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas.
En este sentido, el apoyo individualizado se presenta como una medida de apoyo especialmente adecuada para promover la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad en la vida social, económica y política.