La transformación digital está suponiendo un verdadero reto para los juristas, los cuales se enfrentan a una realidad cada vez más digital, globalizada y automatizada, necesitada de la cobertura legal suficiente que la dote de las mismas garantías jurídicas que la realidad cotidiana. En concreto, la aparición de la tecnología Blockchain y el desarrollo de la Inteligencia Artificial o de los Smart Contracts, han dado el impulso definitivo a la automatización, y han puesto sobre la mesa retos adicionales, por ejemplo, en el ámbito de la protección de datos personales.
Sin duda, las Administraciones públicas afrontan un reto todavía mayor. Por un lado, por la necesidad de aprovechar el desarrollo tecnológico que impera, para que la Administración pública gane en eficiencia, y simplifique, agilice y automatice gran parte de sus procedimientos. Y, por otro lado, por el esfuerzo extraordinario que supone la adaptación a las nuevas tecnologías respetando los principios generales que rigen el Derecho Administrativo, en especial aquellos relativos a la actuación de las Administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos.
La automatización vía tecnología, es decir, la posibilidad de que podamos asignar a un programa informático gobernado por un algoritmo la ejecución de una tarea, sin intervención de empleado público alguno, por referirse al ámbito de las Administraciones públicas, obliga a analizar con especial cuidado múltiples elementos característicos del Derecho Administrativo, tales como la discrecionalidad, la responsabilidad patrimonial o los conceptos de órgano administrativo y acto administrativo.