Esta obra parte de una activa y sólida defensa de los principios y valores que dirigen el ordenamiento penal en el seno de un Estado democrático de Derecho, desde una perspectiva amplia del respeto a los Derechos Humanos y donde la no discriminación y la reinserción social alcanzan su máxima cota de protagonismo.
Abogando por la eliminación de ciudadanos de segunda categoría promovidos por una tendencia al alza de populismo punitivo y expansión del punitivismo -que se materializa, en parte, en una tradición reformadora enérgica, pero sin espíritu de cambio-, donde los poderes públicos cazan adeptos con un discurso sobre el riesgo y el peligro de lo desconocido, y ejercen, a través de ello, un férreo control social.
Y donde el Derecho penal pasa de ser la ultima ratio del sistema a una herramienta de la política migratoria.
En este contexto, sirva esta obra para aportar cierta luz al debate sobre la necesariedad y legitimidad de la expulsión de extranjeros, una figura que adolece de una naturaleza jurídica estable y encuentra su fundamento en decisiones político-criminales.
Y que ha sido objeto de controversia desde su inclusión en el articulado administrativo en 1985, su posterior conversión con el Código penal 1995, e incluso, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.