El encomiable intento de digitalizar la Administración pública con fines de eficiencia económica y simplificación de trámites colisiona con las garantías y derechos fundamentales de las personas. Esta tesis se manifiesta en las diferentes vertientes analizadas en esta obra. Primero, las competencias administrativas en materia de autoorganización han promovido una heterogeneidad y diversidad de sistemas y plataformas que desvirtúan el avance que supuso la ventanilla única para fortalecer las garantías ciudadanas frente a la Administración. En segundo lugar, el derecho de las personas a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos se somete a una decisión discrecional de la Administración, basada en razones de tipo técnico y, sobre todo, económico, que ignora otros factores como la brecha tecnológica, o la ausencia de interoperabilidad suficiente entre sistemas, redes y dispositivos.

Se asiste a la tiranía de las nuevas herramientas digitales y telemáticas, soslayando u orillando el respeto de los derechos fundamentales. Y, por último, todo ello se manifiesta en categorías clave como la representación o las notificaciones administrativas. Del apoderamiento simple se ha pasado a la existencia de un registro electrónico con necesidad de firma electrónica, con toda la complejidad de trámites electrónicos que conlleva. La regulación de la notificación electrónica ha propiciado falta de certeza y previsibilidad en una garantía esencial para los derechos de las personas. En definitiva, este libro trata de construir una transición hacia una Administración digital que no ignore y pondere en su justa medida los derechos de las personas.