Que la participación pública en la Economía es una opción constitucionalmente legítima en la inmensa mayoría de los modelos comparados está fuera de duda. Pero hay casos de flagrante subversión del orden constitucional que de un plumazo deslegitiman la intervención pública y la despojan de cualquier justificación. Como ya desde la Introducción de este magnífico libro señala María Amparo Grau, la orientación política de un movimiento autodenominado Revolución bolivariana ha llevado ya a 20 años de imposición de un sistema económico distinto al constitucional de mercado, de modo que en Venezuela se ha instalado, desde entonces, la inconstitucional acción empresarial del Estado. Esta afirmación, que como digo encontramos en el principio mismo del libro, es extraordinariamente grave: la acción empresarial del Estado en Venezuela es inconstitucional. Puede reaccionarse contra esta situación de muy diversas maneras. Cabe la denuncia, la protesta indignada; es posible llamar la atención acerca de las nefastas consecuencias que de ello puede derivar; advertir que paradójicamente un país con enormes recursos naturales y de otro tipo atraviesa una situación económica indescriptible. Pero también cabe enfrentarse con rigor y enorme seriedad a un profundo análisis del entramado jurídico que ha dado lugar a la tergiversación del modelo de iniciativa pública en la economía tal como ha acontecido en Venezuela. Análisis nada fácil pues lo más cómodo sería optar por una crítica superficial y no documentada que pusiese de manifiesto lo insostenible de la situación.