Tal como se encuentra planteado en la doctrina, en los tratados de las Naciones Unidas y resulta común en los países de nuestro entorno, en España el derecho a la educación está directamente relacionado con el principio de escolarización obligatoria. La aplicación de ese derecho fundamental, especialmente en las nuevas generaciones, se vincula con un periodo de tiempo relativamente amplio ?en nuestro caso entre los 6 y 16 años? en el que la totalidad de los chicos y chicas deben: asistir a clase; seguir los procesos de enseñanza aprendizaje establecidos y dominar una serie de conocimientos y capacidades integrados en el curriculum marcado por las autoridades educativas (Cruz, García y Grau, 2016). El proceso que llevó al desarrollo efectivo de este derecho no fue
ni rápido ni sencillo. Tras unos inicios bastante dubitativos, a partir de la paulatina consolidación del sistema educativo nacional durante los siglos XIX y XX, el estado español fue diseñando una arquitectura normativa e implementando una serie de iniciativas para alcanzar el cumplimiento del principio de la escolarización obligatoria. Una mirada desde la perspectiva histórica, nos muestra que ese impulso careció, en bastantes ocasiones, de la necesaria intensidad. Buena muestra de ello es que las tasas de alfabetización y escolarización, crecieron muy lentamente y no fue hasta las últimas décadas de la pasada centuria cuando nuestro país alcanzó la total asistencia a las aulas (Gabriel, 1997, Viñao, 2004).