Tratado de Extranjería. Aspectos civiles, penales, administrativos y sociales

Editorial Aranzadi, S.A.

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Tratado de Extranjería. Aspectos civiles, penales, administrativos y sociales

Editorial Aranzadi, S.A.

Incluye todas las referencias de la política de extranjería y su consideración en los diferentes sectores de la vida social que les afectan tanto en los aspectos puramente prestacionales como en el marco de los derechos más centrados en los aspectos políticos. Incluye las referencias a los diferentes sectores. Permite comprender el problema en su conjunto. Es una Obra pluridisciplinar. Destinado a Administraciones Públicas y funcionarios con competencia en la materia, Asociaciones de extranjeros, Abogados de extranjería y Gestorías. Extracto: El derecho de extranjería está llamado a convertirse en un derecho al que solo podemos aproximarnos desde una perspectiva pluridisciplinar y compleja. Precisamente por esto el Tratado, del que esta es su Sexta Edición, asumió la perspectiva global y general como línea de enfoque. En esta obra se pueden encontrar los derechos y deberes de los extranjeros, la regulación pública de los permisos y las formas de entrada-salida y trabajo junto con un conjunto de capítulos que incluyen las referencias a los extranjeros en los respectivos ámbitos sectoriales. Es la proyección en estos ámbitos, los puramente prestacionales y los de contenido más ligado a derechos políticos, la característica más notable de la obra que se presenta y la que ha permitido las Ediciones anteriores.

Parte primera: cuestiones generales
Capítulo I
La gestión de las migraciones laborales: Derecho Internacional y de la Unión Europea
CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ

Sumario:

1.Cuestiones introductorias
2.Derecho internacional de las migraciones
3.La inmigración en el marco del proceso de integración europea: de la regulación extracomunitaria al Tratado de Lisboa
3.1.La necesidad de articular medidas comunes para el control de la frontera exterior
3.2.La política de inmigración en el derecho originario
4.La regulación de la política común de inmigración
4.1.Aspectos institucionales de la comunitarización
4.2.Aspectos procedimentales de la comunitarización
4.3.La política común de inmigración de la UE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
4.4.Rasgos básicos de la comunitarización
5.Ámbitos materiales de la política europea de inmigración6.A modo de conclusión
5.1.Objetivos y alcance de la política común de inmigración
5.2.Política común de visados y lucha contra la inmigración irregular
5.3.Un avance insuficiente en la regulación común de la inmigración por motivos laborales
5.3.1.Cuestiones preliminares
5.3.2.La configuración de estatutos jurídicos particulares en el marco de la política común de inmigración: la regulación del derecho de acceso al mercado de trabajo
1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS
La necesidad de articular políticas de inmigración que, tanto en el plano interno como en el internacional, sean capaces de dar respuesta a los muchos y muy complicados retos que plantea el fenómeno migratorio no ha dejado de acrecentarse en los últimos años1). De acuerdo con el Informe de la Organización Internacional para las Migraciones 20182) el número de migrantes internacionales en 2015 había alcanzado la cifra de 244 millones, frente a los 200 millones de 20053). La inmensa mayoría de los Estados de la Comunidad Internacional debe enfrentar el fenómeno, ya sea como país de origen, de tránsito o de acogida de los inmigrantes. En ese contexto, la decisión relativa a las condiciones en las que los extranjeros pueden entrar y permanecer en el territorio de un Estado o, en su caso, salir de él, sigue correspondiendo en lo fundamental a su Derecho interno4). Estamos, además, ante una facultad que aquéllos consideran integrante del núcleo duro de competencias soberanas. Dejando a un lado las obligaciones que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), los resultados de la cooperación internacional en este ámbito son deudores de la tensión a la que se enfrentan: de una parte, la resistencia a ceder esa competencia soberana y, de otra, lo inevitable de gestionar en común un fenómeno que lo es por definición y que exige la concertación de voluntades respecto de los objetivos a perseguir y de las vías, políticas y jurídicas, para lograrlo. El último fruto de esa cooperación es el denominado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en Marrakech el 11 de diciembre de 2018, que eleva el número de migrantes internacionales a 2585).

En el ámbito de la actual Unión Europea (UE) esa cooperación, como tendremos ocasión de comprobar, se reveló necesaria en los primeros momentos del proceso de integración. A pesar de ello, su traslación jurídica a los Tratados y al Derecho derivado no fue inmediata. Precisamente porque, a pesar de la homogeneidad aparente de intereses entre Estados que eran, sobre todo, países de acogida de inmigrantes y que, en consecuencia, hacían frente al fenómeno desde la misma perspectiva, no siempre los miembros de la UE han estado dispuestos a la cesión de competencias a la que el avance que juzgaban necesario equivalía en la práctica.

Se pretende con este trabajo, tal y como se deduce de su título, el análisis de los marcos normativos adoptados en el ámbito del Derecho Internacional y el Derecho de la UE en lo que hace a la regulación de los flujos migratorios por motivos laborales. Del Derecho Internacional nos ocuparemos en primer lugar. Debe avanzarse ya, sin embargo, que sus normas han desatendido en buena medida la regulación de este fenómeno. Desde luego, ello no es sino consecuencia del desinterés de los Estados por aquella regulación. Un desinterés motivado por el deseo de seguir ejerciendo esa competencia unilateralmente. Por su parte, la cooperación en el ámbito de la UE, de la que nos ocuparemos en segundo lugar, ha sido más fructífera. La armonización de las legislaciones internas en materia de establecimiento de las condiciones y procedimientos que regulan la incorporación de trabajadores nacionales de terceros países fue ignorada por los Estados miembros de la UE en las primeras etapas del diseño de la política común de inmigración. Sin embargo, en los últimos años dicha armonización ha recibido un impulso significativo y se ha concretado en la adopción de una batería de normas que pretenden la creación de un marco común para la gestión de la inmigración económica. Vamos a examinar aquí las razones de ese desinterés inicial, su plasmación en las sucesivas reformas de los tratados constitutivos y los instrumentos adoptados sobre la base de aquéllas.

Incapaces de dar en solitario respuestas eficaces a cuestiones como la inmigración irregular o la adecuación de las vías legales de incorporación de trabajadores extranjeros a los mercados laborales internos, los Estados miembros de la UE vienen intentando desde hace unos años el diseño de una política común de inmigración6). Es necesario aclarar, antes de pasar a este examen, que la política común no alcanza en la misma medida a todos los Estados miembros. Aún hoy, no todos ellos participan en pie de igualdad con los demás en estas materias. La participación asimétrica 7) de los Estados miembros ha sido, en efecto, una constante en este ámbito. En la actualidad, el alcance de esta asimetría se regula en los Protocolos anejos al Tratado de la UE8) número 10, sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la UE; número 20, sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) al Reino Unido e Irlanda; número 21, sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y número 22, sobre la posición de Dinamarca. El segundo de ellos se verá afectado, claro está, como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE.



1

Son muy interesantes las contribuciones publicadas en el volumen Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium (Oxford, Clarendon Press, 1998) y el Informe publicado en 2008 por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy, OIM, Ginebra, 2009.

2

El Informe está disponible en el siguiente enlace: https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-el-informe-2018-sobre-las-migraciones-en-el-mundo (todos los documentos electrónicos citados a lo largo del trabajo han sido consultados el 27 de octubre de 2019).

3

Este dato se recoge en el Informe de la Comisión Global para las Migraciones Internacionales Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar (Ginebra, octubre de 2005), que puede consultarse en el siguiente enlace: https://cimal.iom.int/content/las-migraciones-en-un-mundo-interdependiente-nuevas-orientaciones-para-actuar.

4

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., El derecho de los inmigrantes irregulares a tener derechos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pág. 9.

5

El texto del Pacto está disponible en el siguiente enlace: https://www.un.org/es/conf/migration/.

6

Sobre la política europea de inmigración Vid. : AJA, E. y DÍEZ, L. (coord.), La regulación de la inmigración en Europa, Fundación la Caixa, 2004; DE BRUYCKER, Ph., L'émergence d'une politique européenne d'immigration, Bruselas, Bruylant, 2003; GONZÁLEZ VEGA, J. A., En torno a los otros europeos: Derecho Internacional y Derecho Europeo ante la inmigración , en HIDALGO TUÑÓN, A. y GARCÍA FERNÁNDEZ, R., Ética, pluralismo y flujos migratorios en la Europa de los 25, Oviedo, Eikasia, Instituto Europeo para la paz y la cooperación, 2005; HAILBRONNER, K. (ed.), EU Immigration and Asylum Law. Commentary on EU Regulations and Directives, Munich, Oxford, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2010; MARIÑO MENÉNDEZ, F. (dir.), Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003 y MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., La inmigración y el asilo en la UE: hacia un nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia, Madrid, Colex, 2002.

7

LIÑÁN NOGUERAS, D. J., El espacio de libertad, seguridad y justicia , en MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la UE, quinta edición, Madrid, Tecnos, 2008, págs. 717-746.

8

Todos ellos publicados en el DOC, número 115, de 9 mayo 2008.

2. DERECHO INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES
Tal y como se ha dicho9), el Derecho Internacional se ha aproximado de un modo parcial al fenómeno migratorio y, como consecuencia de ello, contamos con un marco jurídico internacional poco desarrollado y, en general, superado por la realidad de las migraciones internacionales. En definitiva, un marco jurídico internacional inadecuado y que aporta poca seguridad jurídica al migrante10).

Cabe afirmar en general que cualquier régimen migratorio por motivos laborales debe articularse en torno a la consecución de dos objetivos y de la consiguiente adopción de aquellos instrumentos que resulten adecuados en ese sentido.

Se trataría, de una parte, del establecimiento de procedimientos a partir de los cuales incorporar al mercado laboral de un Estado aquellos trabajadores que deben ser importados porque, por la razón que fuese, no es posible satisfacer la demanda con la oferta de mano de obra ya presente en el territorio. Hay que tener en cuenta en este punto que es común que los Estados decidan limitar el acceso a su mercado de trabajo, para un individuo que no es nacional del mismo, condicionándolo a la existencia de necesidades laborales previamente detectadas. Los procedimientos diseñados con este fin están previstos, bien en Derecho interno, bien en instrumentos internacionales de carácter, fundamentalmente, bilateral. Éste es el primer sentido de la fragmentación a la que se ha hecho referencia11).

De otra parte, debe plantearse cuál es el estatuto jurídico del que los trabajadores migrantes gozan en el Estado de acogida y en qué medida el Derecho Internacional se ha ocupado de esta cuestión. Este estatuto está configurado, además de por lo que disponen los Derechos internos, de una parte, y por normas de Derecho internacional general, por un conjunto de Tratados internacionales en la materia. Los instrumentos son, en este plano, de carácter multilateral y la fragmentación se debe aquí al escaso número de ratificaciones con que cuentan, especialmente entre los países de destino de los trabajadores migrantes. Encontramos ejemplos en este sentido en el seno de diversas Organizaciones Internacionales.

En el plano universal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha auspiciado la conclusión de diferentes Convenios y resoluciones en la materia12). El Convenio núm. 97 sobre los trabajadores migrantes, de 1949, y sus disposiciones complementarias, de 1975, recogidas en el Convenio de la OIT núm. 143, junto con algunas Recomendaciones de esta misma Organización son ejemplo de su labor en este ámbito. Los Convenios no parecen haber alcanzado, sobre todo en el caso del Convenio núm. 143, un número de ratificaciones que podamos calificar de satisfactorio. Si atendemos únicamente a lo que podríamos considerar con claridad países de acogida de los trabajadores migrantes13) la falta de ratificaciones debe necesariamente hacernos concluir que los países de acogida se resisten a reconocer mediante la ratificación de Tratados Internacionales derechos a los trabajadores migrantes, especialmente si éstos se encuentran en su territorio en situación administrativa irregular. Esta resistencia podría explicar el menor número de ratificaciones del Convenio núm. 143, que prevé importantes obligaciones para los Estados en relación con la represión del trabajo clandestino. En este sentido, hay que tener en cuenta que ambos Convenios definen como trabajador migrante a toda persona que emigra o ha emigrado, según el Convenio número 143 de un país a otro para ocupar un empleo por cuenta ajena, incluida cualquier persona admitida regularmente como trabajador migrante.

La conclusión debe ser la misma en relación con la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 diciembre 199014). La ausencia de ratificaciones por parte de países de acogida de los inmigrantes es en este caso muy significativa. Sin embargo, aunque ningún Estado miembro de la UE, Estados Unidos o Canadá son parte en la misma, cabe destacar que Estados receptores de inmigrantes como Argentina, Chile, Marruecos, México o Turquía sí lo son. Su título da idea de que, potencialmente, la Convención se aplicará, desde el punto de vista subjetivo, a todos los trabajadores migrantes en el sentido definido en su artículo 2.115). Además, y tal y como establece el artículo 1.2, las disposiciones de la Convención se aplicarán al trabajador migrante (y a sus familiares) durante todo el proceso de migración (...) que comprende la preparación para la migración, la partida y el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual .

La Tercera Parte de la Convención prevé un estatuto jurídico que resultará aplicable a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que estén bajo la jurisdicción de un Estado parte, mientras que la Parte Cuarta hace referencia únicamente a aquellos trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en situación administrativa regular. No todos los derechos se prevén, por tanto, para todos los trabajadores. Esta discriminación se justifica en el Preámbulo de la Convención con un doble argumento. De una parte, se considera que, dado que, de hecho, los trabajadores en situación irregular son empleados en condiciones más desfavorables que los que se hallan en situación regular, el trabajo clandestino se convierte en un aliciente para que ciertos empleadores busquen esa mano de obra. Se considera, en ese sentido, que un reconocimiento más amplio de los derechos contendrá el empleo irregular. Al mismo tiempo, y de otra parte, se espera que un reconocimiento adicional de derechos a los trabajadores en situación regular alentará a los propios migrantes a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados .

No puede dejar de señalarse, finalmente, que en su Parte VII la Convención establece un órgano de supervisión del cumplimiento de las obligaciones: el Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares. En virtud del artículo 73 de la Convención, y en la línea de otros Tratados internacionales de derechos humanos, los Estados parte están obligados a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por este Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas, o cualesquiera otras, que se hayan adoptado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Convención. El primero de esos informes deberá presentarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Convención para el Estado parte de que se trate y, a partir de ese momento, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite. Además del sistema de informes periódicos, a cuya presentación el Estado parte se obliga automáticamente al ratificar la Convención, los artículos 76 y 77 prevén la posibilidad de que los Estados declaren, en cualquier momento, que reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención o las remitidas por cualquier persona sometida a la jurisdicción de un Estado parte o en su nombre, que aleguen que ese Estado parte ha violado los derechos individuales que les reconoce la presente Convención . Este mecanismo de control no ha entrado aún en vigor en relación con este Comité. En el seno de Naciones Unidas, debe mencionarse también al Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes del Consejo de Derechos Humanos. Se trata de un mecanismo creado en 1999 cuyo mandato cubre, como parte del colectivo migrante, a los trabajadores migrantes en situación administrativa regular o irregular.

El examen de los instrumentos internacionales de ámbito universal adoptados con el propósito de proteger los derechos de los trabajadores migrantes debe completarse con una referencia al ya mencionado Pacto Mundial sobre las Migraciones. De los 23 objetivos del Pacto, dos están más particularmente relacionados con nuestro tema de estudio. Se trata de los objetivos 5 (aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular) y 6 (facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente). Es pronto aún para concluir de qué modo el Pacto contribuirá a una mejorar la gobernanza de las migraciones internacionales, en general, y la protección de los derechos de los (trabajadores) migrantes, en particular. El hecho de que no estemos ante un tratado internacional, sino ante un instrumento de soft law, no debe hacernos pensar que su implementación no logre, aunque sea parcialmente, la consecución de aquellos objetivos16).

En el plano regional europeo17) se adoptó en 1977, en el seno del Consejo de Europa, el Convenio Europeo sobre el estatuto jurídico de los trabajadores migrantes18). El Convenio se abrió a la firma el 24 noviembre 1977 y entró en vigor, después de que recibiese las cinco ratificaciones que exigía el artículo 34.2, el 1 mayo de 1983. Su artículo primero define trabajador migratorio como todo nacional de un Estado parte que haya sido autorizado por otro Estado parte a residir en su territorio con el objeto de desempeñar un trabajo remunerado. En este caso, por tanto, el Convenio se aplica únicamente entre nacionales de Estados parte . Si tenemos en cuenta, de un lado el escaso número de ratificaciones y, de otro, que diez de los Estados parte son miembros de la UE lo que implica la aplicación a sus nacionales del régimen que se deriva de la libre circulación de trabajadores , lo cierto es que el alcance jurídico de este Convenio se revela ciertamente limitado.

Cabe concluir, por tanto, que el rasgo esencial de la regulación internacional de la migración por motivos laborales es la fragmentación19). Y ello en dos sentidos. De una parte, por la predominante bilateralidad en lo que hace al intento de ordenar la llegada y estancia de la mano de obra extranjera. La fórmula resultante, los tratados bilaterales, genera un marco normativo conformado por un haz de relaciones jurídicas que aportan poco a la definición de un régimen potencialmente universal en este ámbito. Además, y en un segundo sentido, la fragmentación del régimen opera también en el ámbito de la multilateralidad. En relación con las migraciones, la cooperación multilateral se ha centrado con escaso éxito, y se ha querido señalar en este sentido el limitado número de ratificaciones de los convenios internacionales en los que se ha plasmado esa cooperación, en el diseño de un estatuto jurídico de los migrantes que residen legal o, incluso, ilegalmente en el Estado parte del tratado en concreto y, en ningún caso por tanto, ha abordado la cuestión del acceso al mercado de trabajo. Al igual que en el caso de los convenios bilaterales a los que nos hemos referido, la cuestión de la determinación del número de trabajadores y de las condiciones que han de darse para que se considere oportuna su incorporación a los mercados laborales de cada país sigue siendo una cuestión que los Estados de la Comunidad Internacional consideran de su exclusiva competencia. De ejercicio, por tanto, unilateral. Esto constituye una constante, también en el régimen que, en algún sentido, puede considerarse más avanzado: el de la UE. Del mismo nos ocuparemos a continuación.



9

Vid., al respecto: ALEINIKOFF, T. A., International Legal Norms on Migration: Substance without Architecture , en CHELOWINSKI, R. ( et alii): International Migration Law, La Haya, Asser Press, 2007, págs. 467-479.

10

GHOSH, B. (ed.), Managing Migration. Time for a New International Order?, Oxford, Oxford University Press, 2000, pág. 1, y PÉREZ GONZÁLEZ, C., Migraciones irregulares y Derecho Internacional. Gestión de los flujos migratorios, devolución de extranjeros en situación administrativa irregular y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, págs. 199 y ss.

11

España ha celebrado acuerdos bilaterales en materia de regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales con Colombia (2001), Ecuador (2001), la República Dominicana (2001), Marruecos (2001) y Ucrania (2009). España tiene además establecidos instrumentos bilaterales con Perú y Senegal y ha firmado, y no ratificado aún, un acuerdo semejante con Mauritania. Cabe apuntar, finalmente, que determinados acuerdos internacionales, denominados de cooperación en materia migratoria o de segunda generación contienen disposiciones relativas a la admisión de trabajadores. Son los firmados en 2006 con Cabo Verde, Guinea Conakry y Gambia, en 2007 con Malí y en 2008 con Guinea Bissau. Todos ellos consideran trabajador migratorio a aquellos nacionales de una de las Partes que hayan sido debidamente autorizados para ejercer una actividad laboral en el territorio de la otra Parte. El concepto, más restringido por tanto que el de la Convención de Naciones Unidas (Vid., infra, nota 14), vincula la condición de trabajador migrante a la autorización administrativa previa en España y, en definitiva, a la detección de una necesidad laboral concreta. Todos los instrumentos citados aquí están disponibles en la siguiente dirección electrónica: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Normativa/internacional/flujos migratorios/index.html.

12

Todos ellos disponibles en la siguiente dirección electrónica: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--es/index.htm-

13

En el caso del Convenio núm. 97, y centrándonos en el ámbito de la UE, han ratificado el Convenio Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. El segundo de los Convenios mencionados ha sido ratificado únicamente por Chipre, Eslovenia, Italia, Portugal y Suecia.

14

Tanto la Convención como el estado de las ratificaciones están disponibles en la siguiente dirección electrónica: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx. Sobre la misma Vid. : KARIYAWASAM, P., La Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares , en MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. (coord.), Un mundo sin desarraigo. El Derecho Internacional de las Migraciones, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2006, págs. 16 y ss.

15

El mismo establece que se entenderá por trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional . La cursiva es mía.

16

Vid. Guild, E., y Grant, S. (2017), Migration Governance in the UN: What is the Global Compact and What does it Mean?, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, 2017, núm. 252, disponible en el siguiente enlace: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2895636.

17

No puede dejar de mencionarse aquí la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, la Opinión Consultiva sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, de 17 de septiembre de 2003. La misma ha sido calificada como el intento más significativa y notable, a nivel regional, de clarificar el marco jurídico aplicable a los migrantes en situación administrativa irregular: ESTRADA-TANCK, D., Human Security and Universal Human Rights of Undocumented Migrants: Transnational Vulnerabilities and Regional Traditions, ESIL Conference Paper 1/2012, p. 7, disponible en la siguiente dirección electrónica: http://ssrn.com/abstract=2193743. La Corte afirmó que, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, el principio de igualdad y no discriminación se aplica plenamente a las condiciones de trabajo de los trabajadores migratorios, estén documentados o no. Partiendo de la situación de particular vulnerabilidad en la que se encuentran los que no lo están, la Corte señaló que el disfrute de tales derechos, entre los que se encuentran el derecho a recibir un salario justo por el trabajo realizado, el derecho de acceso a la seguridad social, el derecho a que la duración de la jornada sea razonable y se realice en condiciones laborales adecuadas de seguridad e higiene, o el derecho al descanso, garantiza a todos los trabajadores migratorios y sus familiares el disfrute de una vida digna (Cfr. los apartados 109, 133, 134, 156 y 157 de la OC-18/03, disponible en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda opiniones consultivas.cfm?lang=es.

18

Está disponible en el siguiente enlace: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/093.

19

Vid., en este sentido, mi trabajo, Algunas consideraciones sobre el Derecho Internacional y el Derecho de la UE en materia de gestión de los flujos migratorios por motivos laborales , en BALADOS RUIZ-GALLEGOS, M. (Dir.), Inmigración, Estado y Derecho, Barcelona, Bosch, 2008, págs. 1025-1039.


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