La Comisión Europea decidió el 25 de enero de 2018 remitir a las autoridades españolas un dictamen motivado en cuya virtud se insta a la modificación de la regulación de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por estimar que la misma incumple los principios de equivalencia y/o de efectividad. La presente obra contiene un análisis crítico de la normativa española y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Tras el estudio de los requisitos sustantivos y procesales de la acción de responsabilidad del Estado legislador regulados en la Ley 40/2015, tanto para los supuestos de infracción del derecho de la Unión Europea como por inconstitucionalidad, se identifican las principales deficiencias que presenta la norma analizada. En este escenario de incertidumbre, y teniendo en cuenta que la legislación española se caracteriza por establecer requisitos distintos para apreciar la responsabilidad patrimonial en atención al origen de la norma, nacional o europea, que es objeto de vulneración, a pesar de la existencia de jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no ampara esta disparidad de trato