Relevancia jurídica del consentimiento informado en la práctica sanitaria: responsabilidades penales y civiles "Responsabilidades civiles y penales"

Editorial Comares

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Relevancia jurídica del consentimiento informado en la práctica sanitaria: responsabilidades penales y civiles "Responsabilidades civiles y penales"

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Es evidente el extraordinario incremento de reclamaciones por supuesta mala praxis sanitaria. Unas negligencias sanitarias debidas a las más variadas causas, tan complejas y diversas como complicado y vasto es el ejercicio de la medicina en nuestros días. Junto a la modificación de los patrones de interacción entre médico y paciente 'que ya no se basan más en la confianza, sino en el desconocimiento mutuo y en la exigencia por parte del paciente de calidad e incluso de resultados', también cabe hacer mención a aspectos como 1: la gran demanda de prestaciones (lo que conlleva menor tiempo de dedicación a cada paciente y la despersonalización de la rutina sanitaria); medios técnicos sofisticados y en continua renovación (lo que incrementa la probabilidad de errores en su manejo); grandes posibilidades diagnósticas y terapéuticas (pero que al tratarse de métodos más agresivos, también entrañan más riesgos); masificación de enfermos, al incre¬mentarse la esperanza de vida, y mayor capacidad asistencial de nuestro país en materia sanitaria (que supone un aumento paralelo de los actos médicos y, con ello, de la posibilidad de irregularidades); medicina de urgencia que modifica las actuaciones ordinarias, listas de espera; o medicina en equipo (relacionada con la necesidad de intervención de diversos profesionales en el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, que pueden estar mal coordinados y controlados, o cuya actividad simultánea o sucesiva puede hallarse mal planificada).
Pero el problema es aún más complejo que todo esto. Más que del sistema sanitario en sí, las reclamaciones en gran medida dependen de la sociedad que recibe los servicios. La nuestra, se ha convertido en una sociedad cada vez más exigente y reivindicativa, que llega a considerar la salud como un derecho. Las mayores expectativas generadas con el creciente éxito de los tratamientos actuales, nos ha llevado a que, como pacientes, no sobrellevemos bien el fracaso, a que no aceptemos la desventura. Es como si todos tuviéramos el derecho a sanar y no morir 2. Sin embargo, y en clarificadoras palabras de ULSENHEIMER, «cuanto mayor es el progreso médico, las posibilidades médicas, más elevado es el estándar, paralelamente más restrictivas son las medidas de cuidado y las normas de cuidado, lo que es mayor el peligro de su lesión y el riesgo de responsabilidad» 3.
El problema, en definitiva, ha pasado de ser una cuestión técnica de errores de diagnóstico y terapéutica, a ser una cuestión más compleja, que abarca a todo el personal sanitario, a los órganos de dirección de los hospitales y hasta a la clase política. Unos problemas que, de su parte, tienen una enorme repercusión social, pasando a formar parte de las tertulias, debates y, en general, a la opinión pública, llegándose incluso a crear asociaciones de víctimas de los errores médicos. Y el principal motivo suele ser monetario 4, acudiéndose directamente al Juzgado en busca, a veces de la responsabilidad penal del sanitario, y casi siempre de la indemnización económica. Indemnizaciones que al final termina pagando el sistema público de salud, y por tanto todos nosotros.
Sea como fuere, dentro de las causas fundamentales, propias y necesarias de cualquier tipo de asistencia médica, existen un grupo de ellas que siempre entran en juego en las reclamaciones motivando mala praxis y denuncias por sí mismas. Una de ellas, por no decir la principal, es la defectuosa información al paciente, ya sea anterior, durante o posterior al acto sanitario 5. Una falta o defecto de información, que invalida el posterior consentimiento otorgado por el paciente, lo que a su vez anula la concreta actuación sanitaria, comenzando las posibles responsabilidades.
Es de este aspecto, en concreto, del que nos ocupamos en esta elaboración: del fundamento, requisitos, y modo de dar la información necesaria para que el paciente otorgue su consentimiento de forma válida; y de las responsabilidades en que puede incurrir el sanitario en caso de mala praxis por falta o defecto de la información pertinente. Una elaboración producto del Proyecto I+D de la Junta de Castilla y León «La Administración sanitaria de Castilla y León y la Protección Jurídica del Paciente. Responsabilidades ante el incumplimiento de la lex artis», 'SA-025A10-1, ORDEN EDU/443/2010, de 6 de abril (BOCYL de 15 de abril de 2010)', otorgado al Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca, y del que es investigadora principal la Prof.ª Dr.ª Nieves Sanz Mulas, siendo todos los autores de la presente obra miembros del grupo investigador.


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