Los procesos de liberalización y externalización de funciones públicas en favor de entidades privadas han supuesto una reconfiguración del ámbito material del Derecho administrativo del que también ha traído cuenta la regulación de transparencia pública. El resultado de ello ha sido la articulación de un entramado de obligaciones informativas aplicable a agentes privados -no públicos- que reciben fondos públicos, intervienen en el ejercicio de funciones administrativas o desarrollan servicios públicos y que trata de controlar el cumplimiento de la legalidad y un adecuado uso de los recursos públicos. En el presente trabajo se examinan las diferentes gradaciones e intensidades a través de las que la legislación somete a estos sujetos privados a obligaciones de transparencia pública, dedicando especial atención a los arts. 3 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a cualesquiera otras previsiones con las que guardan relación. Para ello se ha tratado de encontrar la lógica interna que se esconde detrás de las obligaciones que se les imponen, así como de describirlas y compararlas, con el objeto de ofrecer una serie de sugerencias de lege ferenda que, si fuesen tenidas en cuenta, otorgarían de mayor consistencia el régimen normativo general aplicable
ÍNDICE
CAPÍTULO I - JUSTIFICACIÓN A LA EXTENSIÓN DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA A SUJETOS PRIVADOS

I. La extensión de las normas de transparencia pública a sujetos privados

1. La extensión del Derecho administrativo a los sujetos privados que realizan funciones públicas

2. Reajustes en los criterios de aplicación (concepciones) del Derecho administrativo para el encaje bajo su ámbito de aplicación de la actividad de interés público realizada por sujetos privados

3. Los ámbitos subjetivos pasivos de aplicación de las normas jurídico-administrativas y, particularmente, de las de transparencia pública

4. La concepción funcional como criterio de aplicación de las normas administrativas y, en particular, de las de transparencia

II. Fines de la transparencia pública cuando recae sobre la actividad de entidades privadas

1. La preeminencia del criterio funcional u objetivo sobre el subjetivo en la aplicabilidad e intensidad de las obligaciones de transparencia

2. La existencia de una función pública

3. La existencia de financiación pública

III. Niveles de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia pública a las entidades privadas

1. Razones sobre la (in)conveniencia de graduar la aplicabilidad e intensidad de las obligaciones de transparencia según la naturaleza pública o privada del sujeto

2. Niveles de aplicabilidad a las entidades privadas de las obligaciones previstas en la legislación general de transparencia

CAPÍTULO II - LA APLICACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PÚBLICA A SUJETOS PRIVADOS QUE RECIBEN FONDOS PÚBLICOS

I. Determinación de los sujetos obligados

1. Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales

2. Sujetos privados que reciben ayudas o subvenciones públicas

II. Determinación de las obligaciones de transparencia pública de los sujetos privados que perciben fondos públicos

1. Determinación de los mecanismos de transparencia aplicables conforme a la legislación general de transparencia pública. Especial referencia a la inaplicación del derecho de acceso

2. Extensión y alcance de la publicidad activa en su aplicación a sujetos perceptores de fondos públicos

CAPÍTULO III - LA APLICACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PÚBLICA A SUJETOS PRIVADOS QUE EJERCEN FUNCIONES O POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS

I. Determinación de los sujetos obligados

1. Sujetos que ejercen funciones o potestades administrativas

2. Sujetos que prestan servicios públicos

3. Adjudicatarios de contratos públicos

II. Determinación de las obligaciones de transparencia pública de los sujetos privados que ejercen funciones o potestades administrativas y que prestan servicios públicos

1. Extensión y alcance de las obligaciones de publicidad activa aplicables a sujetos que ejercen potestades administrativas o prestan servicios públicos

2. La sujeción indirecta a la obligación de derecho de acceso

3. El suministro de información