El presente libro contiene un estudio de las garantías y derechos, así como de los posibles recursos del presunto responsable, en relación con las sanciones administrativas de todo tipo que la Administración puede imponer y ejecutar a los ciudadanos. Sanciones que debemos diferenciar de las penas y que no debemos considerar como un castigo exclusivamente retributivo, sino más bien preventivo, siendo uno de los principales medios con que la Administración cuenta para asegurar el imperio de la Ley. Por ello, el régimen de la potestad sancionadora es una materia de especial interés, tanto para los ciudadanos frente a los cuales, de forma justa o injusta, se dirige un procedimiento sancionador como para quienes desde el poder público deben asegurar el cumplimiento de las leyes. La obra pretende dar una visión general sobre el régimen sancionador administrativo, que, a pesar de distar del régimen impuesto por el Derecho Penal, comparte ciertos principios con este. En esta cuarta edición, se realiza una exhaustiva y novedosa selección de jurisprudencia de distintos Tribunales y se aporta un análisis de la legislación vigente más importante, en particular de las Leyes 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, para finalizar, la obra incluye como Anexos, los fragmentos más representativos de estas leyes.

Francisco García Gómez de Mercado es Licenciado en Derecho y Diplomado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona, Abogado del Estado y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, así como Abogado en ejercicio. Sus principales áreas son el Derecho Administrativo y el Urbanismo. Ha publicado diversas monografías, colaboraciones y artículos, especialmente en las materias de las áreas indicadas. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación de Abogados del Estado, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid, la Corte Española de Arbitraje y el Tribunal Arbitral de la Contratación Pública.