La complejidad creciente de las actividades de las Administraciones Públicas ha determinado la búsqueda de fórmulas más flexibles que las que había venido ofreciendo el Derecho de Administrativo tradicional y la centralidad de la concepción de las funciones públicas.
En este sentido se han intensificado los mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado y, en relación a ello, la creación por las Administraciones Públicas de entes instrumentales a ellas vinculados; entes instrumentales que se encuentran vinculados o son dependientes de las distintas Administraciones Púbicas territoriales y que tienen una configuración y régimen jurídico de Derecho público o de Derecho privado.
La dinámica expansiva del Estado intervencionista ha hecho proclive el reclamo de estas prácticas en diversos ámbitos como los servicios sociales, económicos y culturales, la educación, la salud, servicios sociales, etc. y de la seguridad como la apertura de espacios a seguridad privada, la administración penitenciaria, seguridad vial, etc.). Todo ello incide en la posición jurídica del personal laboral en el sector público (Administraciones Públicas y Entes Instrumentales).