Todo parece indicar que la mediación penal ha llegado para quedarse. La más reciente actividad del legislador así lo acredita. Con todo, la evidencia de su empuje, lejos de amainar la controversia en torno a ella generada, ha servido para arreciar algunas de las objeciones tradicionalmente esgrimidas en su contra.
Sin duda, el encaje de una figura como la mediación en nuestro sistema de Justicia penal de adultos no ha sido ni será, con total seguridad, un camino de rosas. Al nada halagüeño contexto dibujado a través de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, hay que sumar que, originariamente, la mediación ha florecido en latitudes de cultura jurídica sensiblemente diferente a la nuestra.
Su deslocalización exige, por tanto, un examen crítico que sirva para identificar incompatibilidades e inconveniencias en orden a posibilitar su efectiva incorporación. Es justamente en este marco que se describe, en el que cabe ubicar la obra que tienen entre sus manos.
A nuestro juicio, las potencialidades inherentes a su leitmotiv convierten a la mediación en un elemento de interés para la Justicia penal del siglo XXI. En buena lógica, en las páginas que siguen, se analizan algunas de las dificultades apuntadas "junto a otras de igual relevancia", en la convicción de que el esfuerzo de reflexión y posterior adaptación valdrá, sin duda, la pena.