Hablamos de responsabilidad política intuitivamente como aquella que se deriva de la acción política o lo que es lo mismo la que afecta a los políticos por su gestión de la cosa pública. Una especial responsabilidad por el sujeto (político) y por el objeto (acción pública), pero también extraña, porque no se sujeta a los criterios clásicos de normatividad, capacidad, causalidad, ni consecuencias punitivas, tan extraña que, p.e., la persona del rey no está sujeta a responsabilidad. Este artefacto no debe ser un obstáculo para reparar en dos cuestiones cruciales, de una parte, que somos partícipes de esa responsabilidad pues formamos parte del Tribunal que la enjuicia, y, de otra, que la responsabilidad se extiende también al ciudadano mediante el deber de contribuir a corregir las desigualdades o conjurar los riesgos que amenazan la libertad.
Este libro, tiene, pues, la vocación de desvelar al ciudadano que la responsabilidad política no es de los otros (posición egoísta), sino también de nosotros (criterio cooperativista). Pero no sólo esto, pues la depuración de estas responsabilidades tienen un marco competencial que no se puede rebasar sin que padezcan derechos tan relevantes para el Estado de Derecho Democrático y Social como es la presunción de inocencia, y, más en concreto, la presunción de inocencia extraprocesal, a la que endémicamente no se le presta la debida atención y protección cuando se ve amenazada, entre otros, por los juicios paralelos y los sesgos cognitivos.