Los juristas nos enfrentamos al reto de analizar los riesgos que para la privacidad de las personas tiene el uso de la Inteligencia artificial y el Big Data.
El derecho fundamental a la protección de datos personales tiene una imbricación transversal en todos los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso administrativo, social y militar.
La sociedad demanda respuestas sobre un derecho que rompe con cánones establecidos hasta ahora.
La territorialidad o el orden de prelación de fuentes, quedan indefectiblemente modificados.
La responsabilidad proactiva es una novedad en la vigente regulación.
El término accountability hace referencia a la responsabilidad en la implantación de los mecanismos adecuados para el cumplimiento del régimen jurídico del derecho a la protección de datos y a la utilización de métodos de validación que aseguren la fiabilidad del sistema establecido en la defensa de este derecho.
Se trata de un sistema basado en la evaluación de los riesgos y en la demostración de la efectividad del mecanismo utilizado en la protección del derecho, cuando así lo soliciten las diferentes autoridades de control.