Pese a que durante décadas ambas Comunidades de principios, la comunitaria y la estatal, han cohabitado pacíficamente, actualmente, el desarrollo de la libre circulación de servicios está afectando instituciones fundamentales del Derecho del Trabajo, incluso hasta el punto de elevarlas a la categoría de obstáculos que dificultan el pleno desarrollo de la integración comunitaria. Este proceso paulatino de neoregulacíón constituye un giro copernicano en los parámetros constitucionales que históricamente han ordenado la intervención pública.
Las libertades de mercado se han convertido en derechos fundamentales, provocando una transferencia de idénticas garantías de protección constitucional. Como supuesto paradigmático, el juicio de proporcionalidad comunitario permite al Tribunal de Justicia someter a escrutinio cualquier normativa laboral susceptible de afectar los derechos económicos de los operadores transnacionales.
Las libertades de mercado se sirven así de las herramientas de derecho constitucional desarrolladas a lo largo del siglo XX para la defensa y promoción de los derechos fundamentales -así como de su amplio sistema de garantías jurisdiccionales- para vehicular la liberalización del comercio intracomunitario, resultando notorio el modo en que las corporaciones transnacionales instrumentan tales derechos en la jurisdicción comunitaria para someter a escrutinio el ejercicio del poder estatal en materia socioeconómica.